En mayo de 1976, con pocos días de diferencia, una fuerza combinada del Ejército y de la Policía secuestró y desapareció a la mitad de la familia Morales en Monteros. El caso está registrado en el informe de la Comisión Bicameral de la Legislatura (causa 93-R-84) que investigó las violaciones a los derechos humanos cometidos en la provincia, que funcionó en la recuperación de la democracia.

En el documento se indica la detención del matrimonio conformado por José Ramón Morales y su esposa, Toribia del Tránsito Romero de Morales, de 46 y 40 años respectivamente; y de sus hijos José Silvano (no se precisa la edad, pero habría tenido unos 23 años), Mercedes del Valle (21 años) y Julio César (16 años). No se menciona al sexto integrante de la familia desaparecido, Juan Ceferino Morales, que tampoco figura en las denuncias ante la Comisión Nacional de Desaparición Forzada de Personas (Conadep). Los hechos ocurrieron entre el 20 y el 26 de mayo.

Junto con sus hermanos fue detenida Angélica Romero, quien fue liberada a los pocos días. En las casas allanadas también vivían cinco menores de edad, hijos del matrimonio mayor, que no fueron secuestrados. Entre ellos estaba Juan José Cazorla, quien entonces tenía 10 meses.

El relato construido sobre el caso de José Silvano Morales por el Ejército (a través de partes oficiales) fue que había sido muerto en un enfrentamiento en Río Seco y lo identificaron como un militante del ERP, con el cargo de sargento y el nombre de guerra “Manuel”. Así fue publicado en los diarios locales el 31 de mayo, citando un despacho de la agencia Télam.

En cambio, la reconstrucción de lo realmente ocurrido realizada por la Legislatura determinó que había sido secuestrado en su casa en El Cercado, y que se lo vio en la comisaría de Monteros hasta el 27 de mayo, donde fue sacado por el Ejército.

La comisión parlamentaria determinó además que militares entraron de madrugada al domicilio de Toribia y José Morales a balazos, y golpearon a la mujer provocando la reacción de su esposo. “Ese inhumano operativo de verdugos dejó llorando en la cama a una pequeña de un año de edad junto a sus otros hermanos también de corta edad, que quedaron desamparados.

José Ramón, antes que la delincuencia atropellara su humilde hogar, era poseedor de vacas, cerdos, gran cantidad de aves, muebles, etcétera, pero en la actualidad no queda nada”, concluyó la Legislatura.

Primer apellido
En su primer documento, Juan José Cazorla es apellidado Zelarayán, pero no es su padre biológico. “Nací en la Capital Federal y para poder retirarme del sanatorio, era necesario de que un padre se hiciera cargo. Un amigo de la familia dio el apellido, pero el ADN demostró que no soy su hijo. El pidió conocerme hace tiempo”, dijo. Luego llevó el apellido de su madre, Morales, y finalmente el Cazorla de quien lo crió.

Ante la duda
Abuelas de Plaza de Mayo tiene habilitadas distintas vías para tomar contacto con esa organización y determinar identidad: la página de Internet www.abuelas.org.ar, el mail dudas@abuelas.org.ar y el teléfono de Capital Federal, 011-43840983. Las búsquedas se realizan sobre nacimientos ocurridos entre 1975 y 1982. También están activa la “Red por el derecho a la identidad”, que funciona en 30 ciudades y que tiene dos nodos en Tucumán: Natalia Ariñez, de la comisión Hermanos de Hijos; y Alejandra García Aráoz, de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos. LA GACETA ©